Contrapunteo-hispanomagrebí

El gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha proclamado que se propone a llevar a cabo una reorientación profunda la política exterior española que la restituyan, en el fondo y en la forma, a sus escenarios tradicionales. La idea general de base es que el Partido Popular, durante las legislaturas en que gobernó (1996-2004) se alejó de esos escenarios, eludió el control parlamentario sobre todo en relación con las actuaciones más criticadas, y actuó al margen y en contra del consenso laboriosamente establecido en legislaturas anteriores.
Uno de los principales problemas heredados, el de las relaciones con Marruecos y con el Magreb en general, es quizá el de más dificil conciliación de las visiones de la política exterior española de los dos grandes partidos españoles pero al mismo tiempo y después del “sucedido” de Perejil, el de más urgente reconducción.



El gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ha proclamado que se propone a llevar a cabo una reorientación profunda la política exterior española que la restituyan, en el fondo y en la forma, a sus escenarios tradicionales. La idea general de base es que el Partido Popular, durante las legislaturas en que gobernó (1996-2004) se alejó de esos escenarios, eludió el control parlamentario sobre todo en relación con las actuaciones más criticadas, y actuó al margen y en contra del consenso laboriosamente establecido en legislaturas anteriores.
Uno de los principales problemas heredados, el de las relaciones con Marruecos y con el Magreb en general, es quizá el de más dificil conciliación de las visiones de la política exterior española de los dos grandes partidos españoles pero al mismo tiempo y después del “sucedido” de Perejil, el de más urgente reconducción.
Los problemas creados en esta relación balizan el terreno para las posibilidades de cambio y pueden animar al nuevo ejecutivo socialista a intentar retomar esas relaciones donde se quedaron en 1996 al triunfo electoral del PP. No obstante, desde los últimos gobiernos delPSOE anteriores al triunfo electoral del PP se han producido grandes e importantes cambios en el mundo y trascender la inercia a mirar al pasado exigirá no solo cambiar de estilo o talangte, sino rediseñar una política exterior hacia el Magreb.
Parte de la recuperación de aquella política exterior hacia el Magreb anterior a la etapa presidida por José María Aznar puede que incluya trascender las gandes divisiones que prevalecieron durante la primera etapa de la transición, es decir de la política exterior estructurada durante las legislaturas del Partido Socialista Obrero Español PSOE (1982-1996), devolver al Parlamento su función de control de las actuaciones del gobierno sometiendo a su análisis y debate las decisiones nuevas o más importantes en política exterior; potenciar el protagonismo del ministeriop de Asuntos Exteriores, que la Presidencia del gobierno tiende a fagocitar, y elaborar un consenso en politica exterior que salvo recurso retórico, no parece que haya existido hasta ahora.
Justa o no, la percepción más generalizada de las relaciones hispano-marroquíes es la de que durante sus tres legislaturas (1982-1996) los gobiernos del PSOE mantuvieron buenas relaciones con Rabat, en cierta medida a expensas de unas relaciones con Argelia, el otro gran país del Magreb. No se trata en este caso de un problema de la política exteriore española sino de establecer una cordialidad con dos países enfrentados en cuestiones magrebíes fundamentales en las que España tiene a su vez intereses y visión propia.
Durante la última legislatura del PP esas relaciones alcanzaron su momento más bajo desde 1975 en lo que parecía una opción que rompía con un cierto equilibrismo hasta entonces. El atentado terrorista del 11/M en Madrid, y la perspectiva, implícita en el programa de política exterior del PSOE, ganador en los comicios del pasado 14 de marzo, de un nuevo vuelco de la política exterior de España, debería invitar a un debate de urgencia tanto de seguridad como de política exterior. El objetivo sería lograr que todo lo que pueda legítimamente decidir el gobierno del PSOE no lo vaya a deshacer un eventual gobierno posterior de signo diferente.
La tentación de JL Rodríguez Zapatero de recuperar el diálogo con Marruecos, al menos en lo simbólico, allí donde lo dejó Felipe González, puede ser grande. Sin embargo, durante las legislaturas del PP se produjeron cambios importantes en el mundo, en España y en Marruecos, y en todos los escenarios en que se desenvuelven las relaciones exteriores de España que cualquier política exterior deberá considerar.
Terrorismo masivo, un importante cambio en la escena internacional
Tres cambios deberían merecer mayor atención para los legisladores españoles. El primero es, quizá, la forma de expresión en terrorismo de masas a que ha llevado la controversia entre los radicalismos islámicos y los intentos de adaptación del Islam a los progresos globales de la humanidad. Es un terrorismo que actúa y se desarrolla con más facilidad en las sociedades occidentales, pero cuya solución última y a largo plazo depende de cómo se resuelvan las controversias en el mundo musulmán. La especificidad de al Andalus para el IIslam le hace acreedor de un suplemento de atención por parte de España.
El segundo cambio de importancia, que es a su vez un elemento más de la controversia euro-atlántica, es el choque de dos visiones del mundo, una europea más partidaria de los statu quo y quizá por ello inclinada a la inacción, y una americana más impaciente y propensa a actuar para cambiarlo. En ese sentido, desde Walter Whitman Rostow en los años sesenta hasta el proyecto Gran Oriente Medio – entre otros – de la actual Administración Bush, Estados Unidos ha producido ideas, acertadas o no, para intentarlo.
El tercer cambio, en gestación, es puramente español. Antes de los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid, la percepción que tenían los españoles de los marroquíes y de los riesgos hipotéticos o reales que Marruecos representa para España, sugerida por los sondeos llevados a cabo por el CIS y el Real Instituto Elcano, dejaban poco margen de optimismo a la posibilidad de invertir la tendencia multisecular al desencuentro político entre ambos países.
Tras los atentados del 11/M, se corre el riesgo de que a esas pésimas visiones recíprocas se añadan sentimientos de xenofobia y racismo. Los disturbios de El Ejido de principios del año 2000 ya los anunciaban. Los análisis demográficos prospectivos españoles, que anticipan para los años 2020/2025 índices de población extranjera cercanos al 20/25 por ciento, aportan dimensión estratégica a esa perspectiva.
La manera en que el nuevo gobierno socialista gestionará la seguridad, las relaciones interculturales e interconfesionales, su política de inmigración e integración de inmigrantes, su respuesta a la reivindicación siempre latente y recurrente marroquí de Ceuta, Melilla y las islas españolas, y su actuación en el conflicto del Sahara occidental, condicionarán el éxito o no de cualquier política magrebí. En el caso concreto de las relaciones con Marruecos, Rabat siempre se ha añadido una condición más: que la proyección internacional y regional de España reconforte las aspiraciones regionales marroquíes.

Los cambios bruscos perjudican a la política exterior
La política exterior – como la política económica – soporta muy mal los cambios bruscos. El Partido Popular lo ha comprobado el 14 de marzo. Los españoles, definitivamente, los soportan mal como también soportan mal las acciones militares en el exterior. La guerra de Cuba de 1898, las siguientes guerras de Marruecos de los años veinte y treinta del siglo pasado, incluidos los conflictos territoriales con Marruecos de 1958, 1969, y 1975, confirman que los españoles no solo se opusieron a ellas, sino que en parte las hicieron fracasar.
Esta es una realidad acreditada que el gobierno saliente no tuvo en cuenta con su apoyo a la invasión norteamericana de Irak. La mini-guerra de Perejil para restablecer el statu quoconfuso de un islote parece una rara excepción y al menos un sector importante de la ciudadanía la apoyó por percibir en esa acción marroquí el intento de sentar un precedente en relación con objetivos mayores.
Retirar las tropas españolas de Irak si la ONU no ampara la presencia militar extranjera en ese país responde a una promesa electoral respaldada por la mayor parte de la ciudadanía, previsible en la oposición generalizada a que dio lugar la en definitiva limitada participación de España. Pero con cambio de mayoría de gobierno o sin él, no es posible mantener ninguna ambigüedad sobre el alcance de las intervenciones exteriores de las Fuerzas Armadas y en este dominio, quizá más que en ningún otro, es donde los dos partidos, que por sí solos representan a la mayor parte de la ciudadanía, tienen la obligación no solo de alcanzar un consensoaciones, sino de adoptar estrategias no discrepantes para explicarlas a la sociedad los motivos y para familiarizar a la ciudadanía con los modernos cometidos de las Fuerzas Armadas.
El PSOE considera roto por el PP el conseno que en realidad no existía y conviene quizá reconocer la originalidad del intento de lograrlo porque se han producido cambios importantes en todos los escenarios prioritarios para la política exterior española ya sea en Europa, Estados Unidos, América Latina, y el Magreb y el Mediterráneo, sin mencionar la evolución previsible de los grandes escenarios del futuro que claman por una siempre descuidada planificación a largo plazo de política exterior.
Marruecos acapara excesivamente la atención de la política exteriore española
Una vez más en la historia de España la política exterior española hacia el Magreb se va a redefinir con Marruecos como problema exterior dominante. La recuperación de la cordialidad con Rabat figura entre los objetivos destacados del cambio de la política exterior que el PSOEha anunciado que se propone llevar a la práctica.
Miguel Angel Moratinos, el joven diplomático que va a dirigir el ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, es quizá dentro de la media general del gobierno, uno de los mejor preparados para lograr los objetivos que se le asignen. Posee reconocidas cualidades de diálogo, amplia experiencia en el “problema” de la política exterior española, y en cualquier caso es uno de los pocos ministros, por no decir el primero, que surge de la diplomacia misma.
Los cambios ocurridos en los últimos años y los problemas que Marruecos quería abordar prioritariamente al recomponer las relaciones con España, establecen los límites uqe llevan a la reconciliación con ese país y cone ello las posibilidades de éxito de lograrla. Los cambios más importantes ocurridos durante las legislaturas pasadas del PP en lo estrictamente bilateral son:
Terrorismo y seguridad
Durante la última legislatura del PP, los atentados terroristas del 11/S de 2001 contra Nueva York y Washington, y más recientemente los del 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos) y del 11 de marzo en Madrid, han convertido también a España y a Marruecos en objetivos y plataformas de actuación de un terrorismo globalizado y ahora de dimensiones alarmantes.
La dificultad de España – como de Marruecos – de prever esta evolución del terrorismo, que ha colocado a los dos países en uno de sus epicentros, obligará al gobierno socialista a dar prioridad a la seguridad en relación con el Magreb y, probablemente, a revisar los presupuestos básicos alrededor de los cuales se articula ésta. Parte importante de este empeño deberá ser el restablecimiento de la confianza y la cooperación en materia de Seguridad con Marruecos.
Aunque anticipar los designios de los terroristas es, por razones obvias imposible, los dos países, que ahora se culpan mutuamente a través de sus respectivas prensas, deberán partir del reconocimiento de que no supieron apreciar la amenaza correctamente. Por razones diferentes, Madrid y Rabat no creyeron que estaban en el punto de mira de ese terrorismo que se autoproclama islamista. Marruecos, por motivos culturales y España por su implicación menor en los grandes conflictos que oponen a Islam y Occidente, infravaloraron la amenaza.
Marruecos, además, pudo dar la impresión con sus advertencias de que intentaba llamar la atención tanto sobre la necesidad, entonces y ahora reivindicada, de ser incorporado al control militar y policial del Estrecho de Gibraltar, así como sobre la posibilidad, que parecía exagerada, de que los confines del Sahara se convirtieran en base alternativa a Afganistán deAl Qaeda, lo que subliminalmente reforzaría su reivindicación de la soberanía definitiva sobre el Sahara occidental español.
A simple vista es la concepción misma de la seguridad española la que parece necesitar ajustes. Algunos de ellos pueden ser: que es necesario lograr la cooperación de las asociaciones laborales, confesionales, y culturales musulmanas en España; que el llamado Islam español debe ser genuinamente español; y que las mezquitas – oficiales y privadas -, al menos en un país formalmente laico y en la práctica multicultural como España, no se constituyan en alternativa al papel de representación y movilización de las sensibilidades políticas que corresponde a los partidos.
Otro ajuste podría ser considerar, como hipótesis de trabajo, la posibilidad de una cierta inestabilidad de la Monarquía marroquí, la última y única que conserva en el mundo musulmán unos poderes casi califales. El islamismo radical en Marruecos ha roto en su beneficio el monopolio de producción de bienes simbólicos ejercido por el monarca y reivindica la capacidad que el Islam, en teoría, concede a cada creyente de reparar el mal allí donde lo viere por todos los medios a su alcance.
Por motivos diferentes los partidos políticos y los demócratas marroquíes reivindican también, con gran timidez por razones obvias, una reforma de la Constitución que, a través de una docena de artículos convierte a la Monarquía en elemento central del edificio constitucional. Hassán II y ahora Mohamed VI, añadieron a sus prerrogativas constitucionales un cierto control de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y el monopolio del campo religioso.
Flujos migratorios
Los flujos migratorios, y en especial la inmigración ilegal se han convertido en un problema fundamental, estructural, de las relaciones entre España y el principal país emisor, Marruecos, al que no tuvieron que hacer frente los gobiernos socialistas anteriores, pero si los del PP.
La insuficiencia de la cooperación por parte de Marruecos, la indefinición de la importancia que España le quiere conceder a la inmigración procedente del Magreb, las limitaciones de la sucesivas leyes de extranjería, y el feed-back negativo que los inmigrantes recibían – y reciben – de sus problemas y situaciones en España a través de los medios de comunicación marroquíes, dieron lugar a numerosas fricciones entre Rabat y Madrid.
Las previsiones demográficas para los años 2020-2025 antes apuntadas, que anticipan una modificación sustancial de los equilibrios demográficos y confesionales, y las transformaciones sociales, culturales, religiosas que inducirán, exigen a España y a Europa, mucho más que “leyes sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”. Lo que está en el horizonte es un auténtico mestizaje y eso requiere incluso otra filosofía constitucional.
Sahara occidental
Durante las tres legislaturas socialistas (1982-1996) el conflicto del Sahara occidental estuvo en una fase de relativa tranquilidad y, a diferencia de lo que había ocurrido con los anteriores gobiernos de UCD, incidió relativamente poco en las relaciones entre España y Marruecos. Durante la última legislatura del PP ese conflicto ha entrado en una fase de apremio internacional para que se logre una solución. El gobierno español, al insistir en la ortodoxia de partida de que la descolonización no estaría perfeccionada hasta que los saharauis no se autodeterminaran, ha visto afectadas por ello sus relaciones con Marruecos.
Consecuente con su política, España no se alineó con Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña cuando apoyaron el Plan Baker I que dejaba a un lado la cuestión de la autodeterminación y proponía una autonomía amplia para el territorio manteniendo la soberanía marroquí sobre él. Marruecos acusó a España del fracaso del Plan Baker I y la culpó por el Plan Baker II que reintroducía la autodeterminación con posibilidad de optar por la independencia al cabo del periodo transitorio de 4/5 años de autonomía.
La resolución 1495 aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad en julio pasado recoge el Plan Baker II y establece una postura de la comunidad internacional que, a pesar de las objeciones marroquíes, es consecuente con los principios pactados por las partes en los inicios de la década de los noventa bajo los auspicios de Estados Unidos.
Salvo un vuelco radical del gobierno de JL Zapatero en favor de las tesis marroquíes, poco previsible porque tanto el PSOE como la sociedad española están divididos al respecto, el Sahara seguirá siendo todavía un motivo importante de fricción entre Madrid y Rabat. Sin embargo, el nuevo gobierno español podría mediar entre las partes para que sin perjuicio de sus respectivas posiciones en torno a la cuestión de fondo – la soberanía final sobre el territorio y el derecho a la autodeterminación – todos los otros aspectos del Plan Baker II pudieran ser aplicados sin aguardar a la solución global.
Ceuta, Melilla y los espacios fronterizos
Los espacios fronterizos hispano-marroquíes se han convertido durante las últimas legislaturas del PP en un elemento perturbador tanto para España como para Marruecos. El cultivo extensivo de la droga, los tráficos mafiosos de estupefacientes y personas, la criminalidad en auge, y la contaminación por corrupción en ambas zonas, es ya preocupante. Marruecos por su parte atribuye la dificultad de desarrollar el Norte del país a la existencia de esos puertos francos y a su comercio/contrabando con el hinterland marroquí.
Se trata de una preocupación que aumenta el descubrimiento, patente en los juicios seguidos en Marruecos con motivo de los atentados de Casablanca del 16/M, y en el 11/M de Madrid, de una cierta colaboración y relación entre drogas y mafias, y terrorismo.
La diplomacia española ha alimentado la percepción un tanto naif de que la periódica reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla no es más que una cláusula de estilo que el régimen impone en el discurso oficial para calmar al nacionalismo irredentista o para aumentar sus bazas negociadoras. Algunos diplomáticos han ido más lejos aún y entienden que aunque el nacionalismo marroquí mantiene viva esta reivindicación, el régimen considera la cuestión tácitamente zanjada.
Esas apreciaciones resultan difícil de compartir porque de todo el vasto contencioso territorial que el nacionalismo marroquí planteó a sus vecinos (Argelia, Mauritania, Malí, Senegal y España) antes y después de la independencia de Marruecos en 1956, el de Ceuta y Melilla es no sólo anterior sino que sus orígenes se pierden en los confusos tiempos en que el Islam dominaba en las dos orillas del mediterráneo occidental.
Lo cierto es que la reivindicación de Ceuta, Melilla y las islas e islotes mediterráneos, constituye un problema permanente, perturbador y desestabilizador de las relaciones entre España y Marruecos y la razón de porqué hasta hace pocol en la planificación estratégica militar y de seguridad de España, Marruecos aparecía como el único riesgo potencial para España.
Hacer desaparecer esa conflictividad de las relaciones hispano-marroquíes en el estado inconciliable de las actuales posiciones al respecto es imposible, pero este problema debería dejar de una vez por todas de ser un factor de inseguridad e inestabilidad y de constituir una hipoteca en las relaciones entre España y Marruecos.
El ex ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno socialista de 1982, Fernando Morán, sugería en su libro Una Política Exterior para España que la entrega a Marruecos de las islas e islotes próximos a su costa podría ser contemplada si con ello se lograba una solución definitiva con Marruecos, una propuesta sugestiva en un marchandaje, pero irrealista en una reivindicación territorial como la marroquí.
Sin perjuicio de las respectivas posiciones de partida al respecto, el gobierno de JLR Zapatero podría intentar llegar a un acuerdo con Marruecos para convertir esa controversia en cooperación. Ceuta y Melilla podrían ser utilizadas para canalizar a través de ellas toda la cooperación al desarrollo del norte de Marruecos.
Como parte de esa cooperación Marruecos debería poder tener acceso garantizado a esos puertos españoles y así, además de disponer de los complejos portuarios más importantes del Mediterráneo sur, evitaría el coste de duplicar el puerto de Ceuta con el puerto que se propone construir entre Tánger y Fnidek, como ya duplicó el de Melilla con el vecino puerto de Benianzar. Ello crearía unas importantes sinergias económicas y humanas de Ceuta y Melilla con Marruecos sobre bases más sanas que las actuales.
Las relaciones entre Monarquías
A mitad de las legislaturas del PP, en junio de 1999, al fallecimiento del rey Hassán II, el príncipe heredero Sidi Mohamed subió al trono con el nombre de Mohamed VI. Durante los gobiernos del PSOE y el reinado de Hassán II, el rey de España desempeñó un cierto papel debroker en las relaciones bilaterales que no ha jugado durante las legislaturas del PP con Mohamed VI.
El Título II de la Constitución de 1978, que trata de La Corona, establece el estatuto de la monarquía española. Los artículos 56, 62 y 64 no mencionan ninguna función ejecutiva para el Rey, y el artículo 64 párrafo 1, dispone que los actos del Rey debe refrendarlos el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes. Desde ese punto de vista, la situación que ha prevalecido con Marruecos durante las legislaturas del PP, en lo que concierne a las relaciones entre las dos monarquías, se ajusta más a la Constitución que las anteriores y las previsibles del gobierno del PSOE.
Pero es un hecho notorio que la Monarquía marroquí no solo ocupa un espacio central en la Constitución marroquí, sino que ésta le otorga unos poderes tan amplios que solo son comparables a los de los antiguos califas del Islam. Esa especificidad constitucional deja al monarca marroquí prácticamente sin interlocutores equivalentes no solo con España sino con el resto de países occidentales.
Ello ocasiona disfunciones verdaderamente incómodas para los visitantes extranjeros. Para los jefes de gobierno, porque el gobierno marroquí no tiene la última palabra en cuestiones ejecutivas; para los jefes de Estado, porque ninguno de ellos suele tener poderes ejecutivos.
Las dos monarquías no pueden permanecer sin tratarse, sobre todo en el caso dos países como España y Marruecos que siempre tuvieron, tienen, y probablemente tendrán, una relación conflictiva cuyo tratamiento por Marruecos, en todos los casos importantes, depende de la voluntad del rey.
El párrafo 1 de artículo 56 de la Constitución española debería ser la puerta para una relación que permitiese al rey de Marruecos desahogarse con el Rey de España y tal vez facilitar con ello las relaciones entre los gobiernos. En cualquier caso Marruecos es una nación de nuestra comunidad histórica con las que el artículo 56 estima que el Rey puede ejercer la representación del Estado.
Relaciones con Argelia
Durante las legislaturas del PP, la estrecha relación de dependencia de España de los suministros energéticos de Argelia y la favorable predisposición del ex presidente J.M. Aznar, confirió un carácter estratégico a las relaciones entre los dos países. Similar, por otra parte, al carácter de las relaciones de Argelia – por el mismo motivo – con la Unión Europea. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado por España con Argelia el 8 de octubre de 2002, persigue el mismo fin que los suscritos con Marruecos en 1992 y Túnez en 1995.
La relación actual con Argelia no es resultado de una evolución coyuntural, sino de una politica consecuente con los intereses globales de España, que aún tiene importantes oportunidades por explorar en aquel país en el terreno económico y comercial y en el humano. El partido socialista ahora en el gobierno continuará probablemente la política exterior hacia ese importante país magrebí y sin duda potenciará las ventajas de una proyección global hacia el Magreb como la puesta en práctica en los últimos años, lo que corre el riesgo de seguir siendo mal comprendido por Marruecos.
Esta nota sólo se propone analizar las perspectivas de la nueva política exterior española con respecto a Marruecos, por dos razones fundamentales. Primero porque de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora sobre los atentados del 11/M parece confirmarse que no sólo fueron marroquíes sus principales autores sino sus planificadores, y sus bases de apoyo se encontraron en los medios terroristas de Marruecos. Segundo porque la política exterior española susceptible de ser aplicada por el PSOE en el gobierno, donde mayor continuidad con respecto a la política exterior de las anteriores legislaturas socialistas puede invocar, es con respecto a Marruecos, cuya escena política, no obstante, también ha variado considerablemente de la que prevalecía cuando el PSOE salió del poder en 1996.
La participación de marroquíes en los atentados de Madrid se inscribe en un contexto caracterizado por la inclusión de Marruecos también entre los objetivos de los terroristas, como demostró el atentado de Casablanca de 16 de mayo pasado – fundamentalmente contra la Casa de España de Casablanca -; por la amplitud del islamismo radical en el país vecino como demostraron los juicios que siguieron a esos atentados; por las alianzas ya demostradas del radicalismo y del terrorismo marroquí con el terrorismo internacional; por una coyuntura política marroquí que ya ha llevado al Parlamento a un número considerable de diputados de un partido islamista (PJD), y por el convencimiento general de que en circunstancias de total libertad de participación electoral la otra fuerza islamista, aún mayor que el PJD, el grupo de Abdesalam Yassin, podría llevar a un Parlamento marroquí de mayoría absoluta islamista.
El hecho de que el grupo de Yassin rechacé toda participación en el sistema para no ser recuperado por éste – como dijo recientemente en Madrid la hija del Jeque jefe de ese grupo, Nadia Yassin – da una idea de hasta qué punto el islamismo marroquí es revolucionario. A esta situación interior de Marruecos, que por sí sola constituye un factor de inseguridad, se añade el deterioro de la seguridad y de la criminalidad en las zonas marroquíes fronterizas, con un efecto contaminante sobre un vasto espacio transfronterizo hispano-marroquí. La cooperación creciente de las mafias dedicadas al tráfico de estupefacientes y de personas con los grupos terroristas parece haber sido demostrada en más de un juicio de los recientemente seguidos en Marruecos contra los terroristas.
En términos generales, la primera alusión de J.L. Rodríguez Zapatero después del 14 de marzo a su deseo de restaurar la cordialidad en las relaciones con Marruecos es positiva y merece ser saludada. Coincide en ello, obviamente, con la parte relacionada con el Magreb y el Mediterráneo del programa de política exterior del PSOE que el diplomático Miguel Angel Moratinos expuso no sin cierta ingenuidad en el ciclo de conferencias sobre política exterior organizado por el Real Instituto Elcano antes de los pasados comicios. Pero las relaciones con Marruecos se habían deteriorado tanto durante la última legislatura del PP que fuese cual fuese el ganador de esas elecciones, necesitaban ser recompuestas.
La política exterior hacia Marruecos llevada a cabo por el PSOE durante sus dos últimas legislaturas, principalmente la última, es aquella en la que puede reivindicar más elementos positivos diferenciadores de la política seguida durante las dos legislaturas del PP. El PSOE en el poder logró normalizar los acuerdos de pesca con Marruecos, motivo constante de una importante conflictividad durante las legislaturas de UCD y buena parte de la primera legislatura socialista.
Renovación del sector empresarial interesado en Marruecos
A partir de 1986, con el ingreso de España en la Comunidad Europea, y al asumir ésta la negociación de los acuerdos económicos con países terceros, tanto de pesca como agrícolas, toda posible conflictividad, incluida buena parte de la generada por los acuerdos agrícolas o pesqueros, quedó transferida, al menos teóricamente, a Bruselas. En este período de tiempo unas 800 empresas españolas – un número nunca igualado – se establecieron en Marruecos, y varias importantes empresas, principalmente del sector textil, trasladaron su producción a Marruecos.
Por primera vez en la historia de las relaciones hispano-marroquíes se produjo una renovación progresiva y moderna de los actores económicos españoles en Marruecos. Aquellos grandes nombres – Alejandro Gandarias, Miguel de Bustos, Enrique Carrión y Vecin, Eusebio Güell y López, Jose Luis Oriol y Estanislao Urquijo, Pablo Garnica – vinculados a la España del Protectorado, habían desaparecido.
Una nueva hornada de empresarios les había sustituido y su vitalidad fue la que llevó a varios diplomáticos, entre ellos Miguel Angel Moratinos, a concebir la idea ya famosa del “colchón de intereses” entre los dos países, que se preveía llegaría a ser tan importante como para sustraer a las relaciones entre los dos países de los avatares que siempre les impuso la aparición de controversias puntuales o la permanencia de conflictos que podríamos llamar “estructurales”. Ese colchón de intereses no pudo evitar la grave crisis de Perejil, como probablemente no podrá evitar ninguna otra eventual crisis política, pero si ha servido para que los intereses económicos hispanos y marroquíes no sufrieran por ello.
Los gobiernos socialistas potenciaron las relaciones militares hispano-marroquíes
Durante las legislaturas socialistas la cooperación incluyó a las Fuerzas Armadas de los dos países. Se realizaron maniobras anuales conjuntas que durante un tiempo estuvieron institucionalizadas en las llamadas “Maniobras Atlas”, al igual que se establecieron encuentros diplomáticos y de gobierno, y los astilleros españoles suministraron patrulleras para la Marina Real marroquí, incluido su buque insignia la fragata ErRahmani entregada por España en febrero de 1983.
La visita del ministro de Defensa, Narcís Serra en noviembre de 1984 a Rabat trascendió con mucho su objetivo militar y durante ella el rey Hassán II hizo patente se deseo de visitar España en lo que luego fue su primera visita oficial desde la independencia de Marruecos en 1956. En mayo de 1985 visitó Rabat el ministro Eduardo Serra coincidiendo con maniobras navales en las que participaron las corbetas Vencedora e Infanta Elena.
Pero este acercamiento militar, como el entendimiento sobre pesca que se tradujo en los primeros acuerdos a cierto largo plazo que firmó el gobierno socialista con Marruecos, no es un logro exclusivo de los gobiernos del PSOE. En ambos casos los gobiernos anteriores de UCD lo habían intentado también. En febrero de 1981 ya había visitado Marruecos el teniente general Emilio García Conde, entonces 2º jefe del EM del Aire, y en diciembre del mismo año le tocaba el turno a José Aramburu Topete, director de la Guardia Civil. El rey Hassán II llegó a decir al Tte. Gral García Conde que “En el marco de la actual geoestrategia, el ejército español y el ejército marroquí constituyen un solo ejército”.
Si refiero con cierta prolijidad estos hechos, es para enfatizar que al menos desde el inicio de la transición democrática en 1978, siempre ha existido una cierta continuidad no necesariamente consensuada en las grandes líneas de política exterior española hacia Marruecos, continuidad que en el fondo – en la forma es discutible – también ha existido en parte durante las legislaturas del PP.
¿Cuáles son los hechos o los cambios ocurridos durante las legislaturas del PP aparte de las cuestiones de carácter personalizadas por Marruecos en José María Aznar, a los cuales tendrá que hacer frente también el gobierno de Rodríguez Zapatero? En primer lugar el terrorismo en el que ahora también están involucrados y en unas acciones de proporciones nunca conocidas en España, ciudadanos marroquíes; el importante auge de la inmigración ilegal, eminentemente marroquí y en cualquier caso procedente de territorio marroquí; la posible inestabilidad de Marruecos y sus consecuencias para todo el Mediterráneo occidental.
El creciente descontrol o incapacidad de control por Marruecos de la criminalidad en grandes espacios fronterizos con España; la ausencia de solución del conflicto del Sahara occidental ahora en fase crítica debido a la aparente determinación del Consejo de Seguridad de la ONUde ponerle fin y con relación al cual ni ha variado el fondo de la postura adoptada por España desde 1975, ni la de Marruecos de obtener de España, la ex potencia colonial, la legitimación de la soberanía que hoy ejerce de facto sobre el territorio.
Las primeras interpretaciones en clave marroquí del cambio de mayoría ocurrido en España hechas por la prensa del país vecino después del 14 de marzo parecen confirmar que el gobierno de Zapatero se va a ver solicitado, probablemente mucho más de lo que puede desear, a ir del brazo de Marruecos. El semanario L’Economiste (16/03/2004) dice que “Zapatero aprobó el primer Plan Baker (autonomía amplia bajo soberanía marroquí del territorio) que el gobierno de Aznar rechazó”, pero no parece contemplar la posibilidad de que el gobierno de Rodríguez Zapatero se alinee con las resoluciones que pueda emitir finalmente al respecto el Consejo de Seguridad.
Por el momento la intención expresada por M.A. Moratinos en su conferencia sobre política exterior antes mencionada de favorecer un entendimiento entre Argelia y Marruecos para encontrar una solución a ese conflicto pendiente y que pueda ponerse en marcha la Unión del Magreb Arabe, no parece muy diferente de lo preconizado por el PP pero forma parte del recurrente wishful thinking de la política exterior española.
La relación preferente con Marruecos dificulta una relación normal con Argelia
Las relaciones con Marruecos siempre se han visto perturbadas por las relaciones que España desea mantener también con Argelia. En mayo de 1979 unas declaraciones del entonces jefe del Gobierno Adolfo Suárez en Argel de que España consideraba que el Sahara no había sido descolonizado aún, dieron lugar a una declaración formal del Parlamento marroquí que afirmaba que contradecían compromisos del Estado español y eran perjudiciales para la seguridad de Marruecos.
La visita a Argel de Alfonso Guerra en el fragor de la campaña electoral de 1982 que dio la primer victoria electoral al PSOE, originó un auténtico zafarrancho de combate en Marruecos que Felipe González contrarrestó con una intervención en un mitin en Canarias en el que prometió buenas relaciones con Marruecos país al que consagraría su primera visita – como así lo hizo – si resultaba elegido.
La reactivación de las relaciones de España con Argelia por el gobierno de J. M. Aznar, en atención a unos intereses españoles que el gobierno de R. Zapatero tampoco podrá o deberá ignorar, ha sido un motivo más de desencuentro durante la última legislatura del PP.
Los dos partidos mayoritarios han utilizado la cuestión del Sahara y las relaciones con Marruecos en sus pugnas electorales y políticas debido quizá a un hecho irracional pero cierto: el desproporcionado peso de lo que desde el siglo XIX se llama “la cuestión de Marruecos” en la política exterior e interior española.
En ese conflictivo discurrir en las relaciones entre los dos países, las posiciones de unos y otros actores de la política española han sido diferentes según estuvieran en el gobierno o en la oposición. Cómo no recordar que en febrero de 1978, cuando los diputados de UCDintentaban hacer aprobar por el Parlamento el primer acuerdo de pesca firmado con Marruecos, Jerónimo Saavedra (PSOE) y Gregorio López Raimundo (PCE) decían por separado en Canarias que los deseos marroquíes de marroquizar a la flota de pesca “confirman el carácter expansionista de Marruecos” y que “el acuerdo de pesca reconoce la soberanía marroquí sobre el Sahara y constituye un acto de beligerancia”.
La situación entre los dos países llegó a extremos tales que a principios de 1979 estallaron varias bombas cerca del Estado Mayor del Ejército en Ceuta y en Melilla con motivo de la visita a ambas ciudades del entonces JEMET Teniente General Tomás de Liniers. La paternidad de esos atentados no fue establecida claramente pero es un hecho que en España se pensó que los servicios del entonces ministro del interior marroquí Driss Basri pudieran haber manipulado a los terroristas que las pusieron.
Eran los tiempos en que el partido comunista marroquí criticaba las posiciones del PSOE sobre el Sahara occidental y los Acuerdos de Pesca y la atribuía a la “mala conciencia de la izquierda española y de ciertos medios democráticos de Madrid que nunca brillaron por un anticolonialismo militante” (Al Bayane 27-4-1979).
En tiempos recientes, políticos marroquíes, incluido un ex ministro, han constituido supuestosfrentes de liberación de Ceuta y Melilla, mientras que todos en Marruecos, desde la Monarquía y los miembros del Gobierno para abajo, reivindican esas dos ciudades cada vez que una personalidad española, civil o militar, las visita. Es cierto que la reivindicación marroquí existe, que es un hecho y que forma parte del gran contencioso territorial que el nacionalismo marroquí presentó a todos sus vecinos desde antes de su independencia y después. Pero también es verdad que mientras la integridad territorial de España sea reconocida internacionalmente como la que es, la actual, los actos hostiles no son las visitas de personalidades españolas a esas ciudades, sino la reivindicación de éstas por Marruecos.
Aunque no parece probable que los marroquíes vayan a corresponder a la buena voluntad delPSOE en el gobierno reintroduciendo esta reivindicación de Ceuta y Melilla en las relaciones que establezcan con él, al menos en un principio, es un hecho que varios partidos marroquíes se han referido ahora a la necesidad de “apurar este contencioso” entre todas las cuestiones que creen que deben ser enmendadas con el gobierno de JLR Zapatero.
Ceuta y Melilla, la última inevitable confrontación territorial con Marruecos
Ceuta y Melilla constituyen probablemente la última inevitable confrontación territorial con Marruecos. Al igual que con respecto al Sahara, los marroquíes están hoy menos dispuestos que en el pasado a hacer concesiones concretas que garanticen de manera indiscutible e irreversible los intereses de todos los afectados. Para cuando el conflicto se produzca, los españoles, los partidos políticos y el gobierno de turno entonces, deberían tener decidida una actitud común que responda – a falta de esas unanimidades típicas en Marruecos – a la voluntad de la mayoría.
Una última cuestión que en verdad podría ser válida para cualquier gobierno: el PSOE ha prometido buenas relaciones con Marruecos y MA Moratinos anunció que dentro de su programa estaba llevar la ayuda a la cooperación al 0,5 por ciento del PIB para terminar la legislatura con el 0,7 por ciento. La pregunta que parecería legítima es ¿Con qué Marruecos queremos entendernos bien? ¿Con la Monarquía y su entorno de feudalidades e intereses económicos tradicionales que conocemos como majzen? ¿Con unos gobiernos que no son el resultado de la voluntad expresada legítimamente por los marroquíes en las convocatorias electorales? ¿Con esa sociedad civil cada vez menos silenciosa, constituida por hombres y mujeres demócratas que se organizan y buscan un espacio de expresión política diferente? ¿Con las mayorías previsibles islamistas y portadoras de un mensaje social y político desde nuestros punto de vista retrógrado?
¿A quien va a beneficiar ese 0,5 por ciento de PIB – 0,7 por ciento previsto en 2008 – a unas clases económicas y políticas que ellas mismas rechazan en su país un reparto de la renta equitativo y unas libertades que nosotros sí tenemos?
Conclusiones
España y Marruecos han perdido ya demasiado tiempo en polémicas estériles y agravios mutuos reales o imaginarios. Marruecos lo ha perdido en interminables e inacabados conflictos territoriales con sus vecinos que han dificultado su desarrollo económico y las posibilidades de implantar una auténtica democracia. La construcción del Magreb ha perdido un tiempo excesivo en un conflicto como el del Sahara occidental que no tiene solución – como el de Oriente Medio – sin renuncias dolorosas por ambas partes y sin compromisos parcialmente insatisfactorios para todos.
Es hora ya de intentar convertir los litigios en cooperación. Una posible Hoja de Ruta sobre Ceuta y Melilla, para lograr que esas dos ciudades cooperen y se integren económicamente en su entorno geográfico marroquí sería sin duda beneficiosa para los dos países y les permitiría además fijar de una vez por todas sus respectivos espacios marítimos en el Mediterráneo.
Otra Hoja de Ruta para el conflicto del Sahara occidental, siguiendo la metodología y los principios de los Acuerdos de Oslo para el problema palestino-israelí, es decir ir cumpliendo etapas y dejando para el final la cuestión de la soberanía sobre el territorio o la autodeterminación, permitiría solucionar el problema humano de los refugiados saharauis y poner en marcha la paralizada Unión de Magreb Árabe (UMA) que tanto fragiliza a los países de la región en la negociación de las zonas de libre cambio que patrocinan la Unión Europea y Estados unidos.
Por último es indudable que ha surgido un nuevo malestar histórico entre Islam y Occidente que evoca percepciones históricas no resueltas, que ha producido una excrecencia terrorista que conviene más que nunca diferenciar de toda la riqueza cultural, filosófica y humana del Islam.